“El agua no puede esperar” dicecategórico el abogado Carlos Estévez, que en este quinto año de sequíaimplacable en la zona central del país enfrenta el desafío de encabezar elorganismo estatal encargado de promover la gestión y administración del recursohídrico en un marco de sustentabilidad, interés público y asignación eficiente:la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.
“Pensar que no hay que hacernada, que hay que esperar, que es un tema de gestión, de inversión o decontratar más personas, es pensar que el agua puede esperar y nosotros pensamosque no es así”, recalca, a propósito del revuelo que está provocando latramitación de la reforma al Código de Aguas, algunas de cuyas modificacionessegún la Sociedad nacional de Agricultura (SNA) serían inconstitucionales yamenazarían el derecho de propiedad de los titulares de derechos deaprovechamiento del recurso.
“Son propuestas serias,responsables y perfectamente coherentes con la Constitución y así lo acaban deseñalar destacados constitucionalistas en la Comisión de Recursos Hídricos”,responde Estévez en alusión a la asistencia de los abogados Arturo Fermandois yEmilio Pfeffer a una de las últimas sesiones de ese grupo de trabajo de laCámara de Diputados.
El jefe de la DGA recalca asimismoque lo que se discute hoy es la indicación sustitutiva al proyecto de reformaal Código presentada por el Gobierno que contempla la priorización de usos delagua para consumo humano y saneamiento; entrega mayores atribuciones a esaDirección para limitar y redistribuir las aguas, especialmente en situacionesde escasez hídrica, y exime a los solicitantes de derechos para agua potablerural del mecanismo de remate.
Asimismo fija causales decaducidad del derecho de aprovechamiento de aguas por el no uso efectivo delrecurso o la omisión del titular de cumplir la obligación de registro yestablece un sistema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguassobre la concesiones de 30 años renovables precia verificación de uso efectivodel recurso.
“El propósito de las indicacioneses intensificar el carácter del agua como bien nacional de uso público, comoestá definida en el Código Civil y en el Código de Aguas, porque no es un biende mercado” señala y enfatiza que los ejes de la reforma son el acceso alrecurso para consumo humano y saneamiento en conformidad con la resolución deNaciones Unidas en tal sentido buscar un equilibrio entre el uso del agua y susustentabilidad; posibilitar la mejor eficiencia en el aprovechamiento deaquélla y el buen funcionamiento del mercado, que se ve alterado por prácticascomo el no uso del agua o la falta de inscripción de los derechos deaprovechamiento en el Conservador de Bienes raíces para eludir el pago depatente.
MULTAS IRRISORIAS
Estévez expone que la DGA “estáplanteando que en situaciones críticas o en que la sustentabilidad del acuíferoesté en juego, la autoridad pueda adoptar decisiones que aseguren el buenfuncionamiento del balance hídrico”, para lo cual hoy no está facultada y solopuede prorratear las agua si un tercero se lo solicita expresamente al ver perjudicadossus derechos.
Además, en alusión a la agendalegislativa vinculada con el recurso hídrico, recalca la intención de revisarla iniciativa sobre fiscalización y sanciones que se encuentra en segundotrámite constitucional en el Senado. “Creemos que es tiempo de reabrir ladiscusión y ver si vamos a hacer algunas indicaciones porque hoy en día larealidad es que quien contraviene el Código de Aguas, quien usurpa agua, quien laextrae de modo ilegal, tiene unas multas que son irrisorias”.
“Si uno va a la Ligua o a Petorca”– prosigue – se encuentra con que esto es un problema gravísimo, que aunque launidad de fiscalización actúe adecuadamente y remita todos los antecedentes altribunal correspondiente, los resultados son casi cómicos. Esto es muy triste. Esmás bien tragicómico.
En el marco del cambio climático, ¿la sequíallegó a esta zona para quedarse como en la Región de Coquimbo?
Si uno dividiera las aguas que correnen el globo terráqueo por el total de sus habitantes, el promedio mundial – y noestoy hablando de estos años, – es de 6.600 metros cúbicos por persona al año.En la región de Valparaíso, en los últimos 80 años, es al menos seis vecesmenor que el promedio mundial, y el de Chile es nueve veces mayor que esteúltimo. En el país se han ido consolidando tres grandes macrozonas. Desde laRegión Metropolitana al norte, me atrevería a decir que se está constituyendouna macrozona de aridez, semiaridez o desertificación. En ese grupo de regiones,Valparaíso es la que tiene más disponibilidad de aguas de escorrentíasuperficial: se acera a los 900 metros cúbicos por persona al año. Pero hayzonas en el extremo sur que tienen millones de metros cúbicos. Entonces, eltema es evaluar en forma seria y metódica una nueva institucionalidad hídricaque se haga cargo de un problema muy claro: tenemos respuestas homogéneas paraun país que es heterogéneo.
En elcorto plazo, pensando en el agua potable rural que funciona con pozos que seestán secando, como parece ser también la situación en algunos balnearios de laregión, ¿qué podemos esperar?
Cuando haybuena situación hídrica la gente dice “el mercado funcionó bien” y cuandoocurre lo contrario pregunta qué hace el Estado al respecto.
Yo creo que es importante que nos pongamos de acuerdo. Nosotroscreemos que ya llegó la hora de definamos por ley que el agua para el consumohumano debe tener una prelación y prioridad distinta y diferenciada, y eso hoydía no está en la ley. Cuando se trata de agua potable, de agua potable ruralparticularmente, si se pide agua para ese fin y una empresa solicita los mismosderechos para uso productivo, pensamos que no debe utilizarse el mecanismo deremate para determinar quién se queda con el agua. No deben utilizarse solomecanismos de mercado. Nosotros no somos enemigos del mercado, pero creemos quecuando hay que garantizar un bien esencial para la comunidad y que tiene quever con la salud y la vida, hay que tomar decisiones radicales, claras yexpeditas y eso tiene que ver con la reforma al Código de Aguas.
LOS EMBALSES
Losproductores agrícolas dicen que por falta de embalses se pierden anualmente1.200 millones de metros cúbicos que pasan por el Aconcagua y van a dar al mary que con un cuarto de esa agua la región de Valparaíso no tendría problemas.
El Ministro Alberto Undurraga haanunciado un plan de embalses para la región. Esto se ha trabajado y conversadocon la Comisión Nacional de Riego y en forma coordinada con la Dirección deObras Hidráulicas de nuestro Ministerio. Creemos que efectivamente en la regiónde Valparaíso hay que trabajar en esa línea, es necesario hacerlo. Hay lugaresdonde las soluciones son de carácter distinto y a veces son muy complejas. Puntilladel Viento es un ejemplo porque hay personas que se encuentran en el lugardonde se desarrollaría el embalse. Sin embargo, no toda el agua que llega almar se pierde. No hay que olvidar el componente de sustentabilidad y ecológico.Hay vida que depende del encuentro entre agua dulce y salada. Pero creemos queestamos en condiciones de hacer mayores inversiones para asegurar y mejorar elriego, por una parte, y por cierto para asegurar el consumo humano.
CRITICAS DE LA SNA
La SNA hasido muy crítica de la reforma al Código de Aguas, planteando que extendería aderechos ya concedidos las limitaciones que tendrían las nuevas concesiones de derechosde aguas, y eso lo ve como una amenazan al derecho de propiedad.
No estamos discutiendo la idea delegislar. En esa etapa alguien puede decir que es conveniente o inconvenientehacerlo. Algunos pueden creer que puede esperar y por lo tanto hay que tomarse10 o 20 años antes de tomar decisiones de fondo. Nosotros creemos que el aguano puede esperar. El Código de Aguas se pensó y se trabajó en la segunda mitaddel siglo 20. Estamos en el siglo 21, el fenómeno del cambio climático esevidente y tenemos que hacer cambios.Por otra parte, los constitucionalistas que asistieron a la comisión derecursos hídricos plantearon claramente que no hay un reproche de constitucionalidaden la materia y que no consideran quelas propuestas de extinción de los derechos o caducidad en los casosexcepcionales que se están planteando puedan ser inconstitucionales.
¿La reformatoca los derechos ya concedidos de aprovechamiento de aguas?
La reforma toca todos losderechos y en algunos aspectos hace una distinción entre aquellos a concederserespecto a los concedidos. La reforma del año 2005, que estableció el pago depatente a quien no usaba el agua, a través de una presunción en función de laexistencia o no de obras para extracción de la misma, afectaban derechos queexistían. Eso es algo que el legislador puede hacer siempre; la Constituciónasí lo determina. Distinto es que afecte la esencia del derecho o que estaafectación llegue a significar una suerte de extinción del derecho, quenosotros estamos planteando en casos muy específicos, donde además no existe elfactor sorpresa ni de imprevisibilidad, donde depende del propio titular sipuede o no ser afecto de esta extinción de derechos.
Tambiénla SNA teme que la calificación del mal uso de derechos de aprovechamientopueda ser parcial o arbitraria.
No es arbitrario, está en la leyhoy día. Creo que en estos 20 años no ha habido ningún reclamo de arbitrariedadal respecto, porque la ley determina específicamente qué se entienden por el nouso del recurso en el artículo 129 bis y siguientes. No se está cambiando esta norma.Se está aplicando la misma porque es objetiva y clara, no puede ser objeto dediscreción.
La mismaSNA plantea que la normativa vigente en materia necesita algunos ajustes, peroen general funciona. ¿Funciona?
Hay cosas que funcionan, otrasque no funcionan y hay cosas que funcionan mal. Creer que nuestrainstitucionalidad y nuestra legislación está preparada para el fenómeno climáticocon la normativa que actualmente tenemos sería un grave error. Creer que estainiciativa de la que estamos hablando es la única y definitiva ley que hay quehacer para enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante sería tambiénun grave error. Nosotros creemos que hay que hacer cambios múltiples cambios,además de revisar la iniciativa sobre fiscalización y sanciones.
¿Cómocuáles?
La Presidenta señaló en sudiscurso del 21 de mayo que se va a remitir un proyecto de ley vinculado con laprotección de los glaciares, lo que será una tercera iniciativa con algún efectosobre la normativa de aguas. La cuarta. Regular el buen funcionamiento a nivelde cuencas, de la gestión integrada de recursos hídricos y empoderar a lasorganizaciones de usuarios.
Además tenemos un serio problemade institucionalidad hídrica; no puede ser que tengamos más de 100 funcionesdistribuidas en más de 40 organismos que muchas veces se yuxtaponen. Serequiere una mirada conjunta. Es tan así que ya en 2009 la presidenta Bacheletconstituyó una coordinación interministerial de recursos hídricos y hoy tenemosfuncionando un comité de ministros abocado a la materia. Es necesario abordarel tema de una nueva institucionalidad que esté a la altura de los tiempos. Todoesto apunta a una sola cosa: no sería aceptable que en medio de una sequía comola que estamos viviendo, en medio del fenómeno del cambio climático y ademásexistiendo debilidades serias como las que existen, nosotros nos quedáramoscruzados de brazos”.
MÁS RECURSOS HUMANOS PARA CUMPLIRLABOR DE FISCALIZACION
Sobre la crítica que se le haformulado a la DGA en el sentido que habría descuidado su rol fiscalizador,Carlos Estévez expone que en su estructura orgánica el organismo no tiene unadivisión de fiscalización fue creada a posteriori como una unidad y se hamantenido en el tiempo gracias a la ley de presupuestos. “Hasta antes del 1 deenero del 2015 esta unidad ha tenido 31 funcionarios que o están 100% dedicadosa fiscalización porque deben también realizar fiscalización ambiental. Pero enla discusión del presupuesto 2015 pedimos que el ítem para dotación de recursoshumanos pueda ir creciendo, de modo que cuando se termine el gobierno de lapresidenta Bachelet se cumpla con las recomendaciones del informe del BancoMundial 2011, que dice que a la DGA le faltan 105 profesionales para podercumplir sus funciones. Yo podría preguntar en qué año de la administraciónanterior se aumentó la dotación de la DGA. Para 2015 se regularizó el déficit yse autorizó el crecimiento en 29 profesionales para fiscalización y gestión,toda vez que efectivamente se arrastra desde hace muchos años lentitud en latramitación de expedientes.
Fuente: Mercurio de Valparaíso, publicado el domingo 21 de diciembre en cuerpo de reportajes. Hechapor la periodista Rosa Zamora.
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